Roures y Cases quieren quedarse con Público a través de una inmobiliaria
En este país es legal endeudar una compañía dejando de pagar a proveedores y trabajadores, declararla en concurso (antigua suspensión de pagos), enviar a la mayoría de la plantilla al paro y recomprarla con una nueva sociedad participada por los mismos accionistas, dejando la mayor parte de la deuda pendiente. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el diario Público, propiedad de la editora Mediapubli, por cuya cabecera, entre otros activos, han presentado oferta los mismos accionistas que la han gestionado y llevado a la quiebra.
Hoy se ha celebrado, en el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona, la subasta por la cabecera de Público. A la oferta conocida hasta ahora, la presentada por la cooperativa de ex trabajadores y lectores de la mano de la Cooperativa Integral Catalana (Xarxa), se sumó en el último momento una nueva oferta que mejora económicamente la anterior. La jueza decidirá, previsiblemente en menos de 48 horas, a quién entrega la cabecera del diario.
La sorpresa de los cooperativistas ha llegado al saberse que dicha oferta procedía de Display Connectors, una compañía recién constituida (tan sólo tiene dos meses y 27 días de existencia) y cuyo objeto social es el negocio inmobiliario. Aún más sorprendente ha sido descubrir que los propietarios de la sociedad coinciden con los de Mediapubli, editora de Público, y causante con su gestión de la muerte del diario en papel y el despido del 85% de la plantilla.
En el propio acto de subasta celebrado hoy, compareció, en representación de la oferta de Display Connectors, Toni Cases, accionista de Público y uno de los principales acreedores del medio por la venta de servicios y productos informáticos para el diario, entre otros. La deuda de Público con Cases está estimada en cerca de un millón de euros.
Accionariado coincidente
El principal propietario de Display Connectors es PAG 1, S.L, empresa que cuenta con el 40% del capital y está dedicada al “asesoramiento, venta y postventa de productos informáticos al sector de la comunicación”. Curiosamente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), figura que su actividad es la “confección de prendas de vestir, excepto de peletería”.
El resto del accionariado se divide en participaciones del 10% del capital, todas pertenecientes al entorno de Jaume Roures, principal cabeza visible de la propiedad de Público. En este grupo se incluye Mediacable Servicios de Producción, Multiax-Invera, Emilio Arrojo Tomás, José María Crespo y José Luis Zárraga. Además existen dos participaciones del 5% controladas por el propios Roures y Tatxo Benet, ambos principales accionistas de Público.
La oferta
La oferta de la empresa inmobiliaria para la adquisición de Público es de 412.000 euros (impuestos no incluidos), de los cuales desembolsará 335.000 en efectivo. Los 77.000 euros restantes se corresponden a la asunción del sueldo que está aún pendiente de pago de 21 trabajadores que permanecen en Público.es.
Tras la solicitud de la administración concursal, que apremió a ingresar el dinero en 48 o 72 horas, Toni Cases demostró contar con dinero, pese a haber mandado recientemente a 130 trabajadores de Público al Fondo de Garantía Salarial alegando carecer de recursos, además de mantener una deuda de meses con el colectivo de ex colaboradores del diario. “Entendemos la urgencia [de la administración concursal] y aceptaremos el plazo que establezca la magistrada”, enfatizó.
La cooperativa de ex trabajadores renunció a entrar en la puja por la cabecera con el objetivo de “no especular con la marca Público” y llamó la atención a que su oferta se basa en “un plan de viabilidad muy meditado y que haría sostenible el proyecto”.
La administración concursal y la propia empresa concursada lamentaron que no hubiera finalmente subasta y, por tanto, no se pudiera conseguir más dinero para pagar a los acreedores. Asimismo, destacaron “la coherencia” del proyecto cooperativo y lamentaron tener que mostrar su preferencia por la oferta de Display dada la “finalidad de un concurso de acreedores”, que no es otra que satisfacer el mayor número de deudas pendientes.
Sobre la sombra de inmoralidad planteada en el acto por la cooperativa de ex trabajadores, el administrador destacó que “no está prohibido por la ley” y que a la nueva oferta “la honra la transparencia” mostrada al reconocer la coincidencia en el accionariado de ambas compañías.
La cooperativa agradece que los trabajadores actuales de Público.es, a través de su representante, no se hayan pronunciado a favor de ninguna de las dos ofertas y mantiene su oferta para que los compañeros se sumen al proyecto de MásPúblico.
Vía: maspublico.org
Y la jueza decidió:
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Vía: Elpais.com
